Por Félix Santana García
En materia de presupuesto público se acuña el término de subsidio o ayuda que otorga el gobierno central a las instituciones públicas o privadas a los fines de apoyarles a realizar las funciones que estas llevan a cabo cotidianamente.
Es un flujo de efectivo que dichas instituciones reciben en adición a los dineros que debido a una deficiente gestión de cobros de los servicios que estas ofrecen o por exceso de sus gastos operacionales ocasionados por una nomina parasitaria o por la conocida corrupción o desvíos de fondos hacia los bolsillos de sus incumbentes.
Y por tales razones los gobiernos recurren en su ayuda para que las referidas instituciones puedan cumplir con sus funciones inherentes a favor de los sectores sociales ávidos de los servicios que estas están obligadas a ofrecer por ley.
En los últimos años diferentes sectores de la nación dominicana han criticado al gobierno central por mantenerles tales ayudas o soportes presupuestarios a las indicadas instituciones, los que en vez de disminuir han ido en aumento a sabiendas de que «también los servicios que estas deben ofrecer a la población han disminuido en calidad y frecuencia».
Muchos de estos subsidios creados mediante leyes especiales con el fin de que también pudiesen crear fuentes de trabajo e incrementaran ingresos han dejado de justificar el recibir dichas ayudas ya que muchas de ellas han logrado sus objetivos para los cuales el gobierno les ayuda o al correr del tiempo no han podido demostrar que debido a las ayudas o transferencias de fondos hayan alcanzado su sostenibilidad financiera.
De igual manera, se conocen las exenciones impositivas o gastos tributarios que año por año ascienden a más de RD$200,000 millones y que vienen a disminuir las recaudaciones que debe captar el gobierno, afectando de forma negativa y sensible las realizaciones que debe implementar el gobierno a favor de las distintas comunidades.
Es un tema recurrente el hecho de que periódicamente se hable de que haya que revisar estos subsidios ya que en muchos casos no se justifican tales transferencias pues en vez de coadyuvar con la eficiencia en el servicio que deben ofrecer estos incentivan el desvío de fondos.
Es triste ver como los sectores de salud, educación, energía, agua potable, entre otros, dejan mucho que decir por su baja calidad siendo blanco de críticas continuas de parte de sus usuarios.
No es un secreto para nadie que muchas de estas transferencias son utilizadas para sostener nominas o nominillas parasitarias que en nada agregan valor a las instituciones receptoras de dichas ayudas.
Sectores conscientes del país apoyan que muchos de estos subsidios deben ser revisados rigurosamente para ser disminuidos o eliminados ya que en nada ayudan a mejorar los servicios públicos que deberían apoyar.
Por el contrario disminuirían el déficit o faltante que todos los años presenta el Presupuesto General del Estado y que las autoridades estiman entre un 2.3% a un 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB) pero cada año termina en más del último por-ciento aquí indicado.
Se espera que a la luz de llevarse a cabo una reforma fiscal integral seria y responsable se acuerde revisar, ajustar o eliminar aquellos subsidios odiosos que en nada benefician los servicios públicos.
Ojala que a raíz de la reforma impositiva que ha de llevarse a cabo en los Estados Unidos, la cual propugna por la disminución del impuesto sobre la renta de 35% a un 15% se animen las autoridades nacionales en llevar a efecto en el tiempo más breve posible no una reforma impositiva sino una verdadera reforma fiscal, la cual incluirá la revisión del gasto y la mejoría de las recaudaciones tributarias.
Así que solo resta solicitar a las autoridades dominicanas mucha fuerza de voluntad para consensuar una verdadera reforma fiscal que tome en cuenta una revisión seria y con criterio de los ya famosos subsidios que se han extralimitado en el tiempo.
Y muchos de ellos ya no tienen razón de ser y de que dicha reforma fiscal permita combatir la evasión y elusión en el cobro de los impuestos, haciendo más simple el pago y la administración tributaria, pues con ello el gobierno y el pueblo se beneficiaran de ella.
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